En toda Latinoamérica, el debate sobre el tamaño y el rol del Estado vuelve a ocupar un lugar central. La región enfrenta una década marcada por bajo crecimiento, déficits fiscales crónicos, Estados sobredimensionados y empresas públicas que, en muchos casos, más drenan recursos que aportan eficiencia o bienestar. En este contexto, mirar experiencias internacionales de éxito —como las reformas estructurales de Nueva Zelanda en los años 80 y 90— puede ofrecer un marco útil para pensar cómo modernizar nuestros Estados sin caer en los errores del pasado.

El desafío latinoamericano no es menor. Aunque los países difieren en niveles de desarrollo, estructura productiva y fortaleza institucional, comparten un denominador común: un aparato estatal que se expandió más rápido de lo que se modernizó. En varios países, las empresas estatales operan con déficits, subsidios permanentes, gobernanza débil y captura política. En otros, la burocracia se convirtió en una fuente de empleo más que en un instrumento de servicio público eficiente. Y en muchos, la carga fiscal no puede seguir expandiéndose sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Esto no significa que Latinoamérica deba copiar modelos ajenos, pero sí aprender de ellos. Nueva Zelanda, que hace cuatro décadas enfrentaba una crisis económica similar a la que hoy aqueja a muchos países de la región —déficit alto, inflación persistente, empresas estatales ineficientes y mercados rígidos— logró transformarse mediante un proceso simultáneo de desregulación, reducción del gasto público y privatizaciones transparentes y competitivas. El resultado fue un Estado más ágil, servicios más eficientes y una economía más dinámica.

La lección más relevante para la región no es la privatización en sí, sino el cómo. Nueva Zelanda entendió que privatizar no significa solo vender activos, sino introducir competencia, profesionalizar reguladores y mejorar la calidad del gasto público. Sin instituciones fuertes y reglas claras, cualquier intento de achicar el Estado en Latinoamérica corre el riesgo de repetir los tropiezos de los años 90, cuando varios países privatizaron sin transparencia ni planificación, lo que dejó costos sociales y políticos que todavía pesan en la memoria colectiva.

Un camino posible para la región

Para avanzar hacia un Estado más eficiente, Latinoamérica necesita un enfoque gradual, selectivo y profundamente institucional.

Algunas líneas estratégicas podrían servir de guía:

1.      Privatizaciones selectivas, no ideológicas.

El objetivo no debe ser achicar por achicar, sino liberar al Estado de funciones en las que ha demostrado sistemática ineficiencia —telecomunicaciones, transporte, logística, saneamiento— y concentrarse en lo esencial: educación, salud, seguridad y políticas sociales. Sectores estratégicos como energía o infraestructura pueden optar por modelos mixtos de participación público-privada, combinando inversión privada con control estatal.

2.      Reguladores fuertes, independientes y creíbles.

La región ha sufrido por reguladores débiles que no lograron garantizar competencia real ni protección al consumidor. Sin reguladores sólidos, cualquier privatización se vuelve contraproducente: monopolios públicos son reemplazados por monopolios privados. La experiencia neozelandesa demuestra que la calidad institucional es tan importante como la decisión de privatizar.

3.      Competencia y desregulación inteligente.

No basta con abrir mercados: hay que hacerlo bien. Sectores como telecomunicaciones, transporte urbano, energía y servicios digitales requieren marcos regulatorios modernos que incentiven inversión, reduzcan costos y permitan la entrada de nuevos actores.

4.      Un Estado más pequeño, pero más fuerte.

Achicar el Estado no significa debilitarlo. Significa reorientarlo. La región necesita Estados capaces de planificar, regular y prestar servicios esenciales con calidad. Reducir gastos superfluos, eliminar cargos redundantes y profesionalizar la función pública son pasos indispensables para reconstruir confianza ciudadana.

5.      Transparencia total para evitar repetir errores.

Las privatizaciones latinoamericanas de los 90 dejaron una cicatriz porque se hicieron sin mecanismos adecuados de control y participación pública. Hoy, la tecnología permite procesos más abiertos: licitaciones digitales, auditorías en tiempo real, información accesible y participación ciudadana en cada etapa.

Los desafíos que no pueden ignorarse

Nada de esto será políticamente sencillo. La región convive con sindicatos estatales poderosos, estructuras clientelares arraigadas y una opinión pública desconfiada —en parte con razón— de cualquier intento de reforma profunda. A esto se suma el impacto social: la reducción del empleo público o la eliminación de subsidios generalizados exige políticas de transición, capacitación laboral y protecciones focalizadas para los sectores vulnerables.

El principal obstáculo, sin embargo, es político. Reformas de este tipo requieren liderazgo, consenso y visión de largo plazo. Solo son sostenibles cuando existe acuerdo entre Gobierno, oposición, sector privado y sociedad civil sobre la necesidad de modernización.

Una oportunidad para un nuevo ciclo de desarrollo

Latinoamérica enfrenta un momento histórico: o moderniza su Estado para hacerlo más ágil, eficiente y transparente, o seguirá atrapada en un modelo que carga con lo peor de ambos mundos: Estados grandes pero débiles, mercados abiertos pero poco competitivos, y servicios públicos caros pero de baja calidad.

Achicar el Estado —bien hecho, con regulación fuerte, transparencia radical y foco social— puede ser la pieza que falta para liberar inversiones, dinamizar la productividad y permitir que los países de la región vuelvan a crecer de forma sostenida.
No se trata de importar recetas foráneas, sino de construir un Estado latinoamericano del siglo XXI: más pequeño, pero más estratégico; menos burocrático, pero más moderno; menos intervencionista, pero más protector.

Un Estado al servicio de la ciudadanía, no al servicio de sí mismo.