Opinión

Entre la gula financiera y la dieta fiscal: ¿Cuánto es suficiente para sostener el crecimiento?

  • Katherine Realegeño
    Exor - Latam Centroamérica
    25 de Octubre, 2024

Los gobiernos suelen emitir bonos y otros instrumentos para financiar su operación cuando la recaudación tributaria no es suficiente. A nivel mundial, la deuda pública agregada ha presentado una tendencia creciente, con un salto sustancial en el 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Para el 2010, el nivel de endeudamiento totalizaba US$51 billones y al cierre de 2023, este casi se duplicó alcanzando el récord histórico de US$97 billones. 

Además, se estima que para el cierre del 2024 se superen los US$100 billones, liderados por Estados Unidos con más de US$30 billones. Sin embargo, una mejor forma de analizar el endeudamiento de un país es su relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Japón se sitúa como el país más endeudado de todo el planeta, siendo esta relación más del doble de su PIB.

La deuda pública es importante porque constituye una herramienta para estimular el crecimiento económico y la inversión estatal; por ejemplo, a pesar de que Japón es el país más endeudado del mundo en términos de relación deuda/PIB, este demuestra que tiene una deuda sostenible a largo plazo ya que posee una economía robusta y una sólida base industrial, lo que le permite mantener un nivel elevado de deuda sin enfrentar problemas inmediatos de solvencia. Sin embargo, en otros casos puede convertirse en un problema si el nivel de endeudamiento se vuelve insostenible. Cuando una nación tiene una alta deuda en relación con su PIB, puede enfrentar dificultades para pagar sus obligaciones, lo que podría llevar a recortes en el gasto público, lo que afecta directamente a sus ciudadanos, o un aumento en los impuestos, lo que puede ralentizar el crecimiento económico. Un ejemplo de esto es Argentina, que históricamente ha sido un país altamente endeudado, alcanzando un monto de endeudamiento de más del 100% de su PIB en 2023, y con una de las economías más inestables de la región y uno de los EMBI (indicador de riesgo país) más altos de América Latina en los últimos años.

Actualmente, se presume que la deuda pública mundial mantiene una tendencia creciente, y si esta situación continua, las consecuencias pueden ser profundas y afectar no solo a los gobiernos individualmente, sino también tener implicaciones significativas para la economía global en su conjunto. Uno de los efectos más inmediatos del incremento de la deuda pública es el aumento del costo del endeudamiento. A medida que más aumenta la deuda de un gobierno, mayor será la tasa de interés exigida por los inversionistas debido al mayor riesgo percibido, como en el caso de Argentina.

Según datos de la ONU en su informe “Un mundo de deuda: Una carga cada vez mayor para la prosperidad global", el aumento del pago de intereses afecta principalmente el presupuesto de los países en desarrollo. Para 2023, estas naciones destinaron US$847,000 millones para el pago neto de intereses de deuda pública. Actualmente, más de la mitad de estos gobiernos destinan al menos un 8% de sus ingresos tributarios al servicio de la deuda. Adicionalmente, según datos del informe más de 3 millones de personas viven en países donde el servicio de la deuda supera el gasto en educación o salud. 

Es evidente que la creciente deuda pública representa un desafío significativo para las naciones, especialmente para aquellas en desarrollo, donde los recursos se ven cada vez más comprometidos por el servicio de la deuda. Para abordar esta situación, es fundamental implementar un mecanismo eficaz de renegociación de la deuda (por ejemplo, el recorte de sobretasas que está promoviendo el FMI) que permita a los países reestructurar sus compromisos financieros de manera sostenible. Este enfoque no solo buscaría reducir el coste del servicio de la deuda, sino también prevenir el sobreendeudamiento. Una gestión responsable y colaborativa de la deuda pública no solo contribuiría a la estabilidad económica de los países, sino que también permitiría destinar recursos hacia áreas críticas como la educación y la salud, asegurando un desarrollo equitativo y sostenible para las generaciones futuras.

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