En América Latina, el crecimiento económico no suele estar limitado por la falta de ideas, sino por el alto precio del capital necesario para financiarlas. En una región tan dinámica y desafiante como América Latina, el costo del capital constituye el precio que las empresas pagan por acceder a los recursos necesarios para financiar sus operaciones, expansiones y proyectos de inversión. Se trata de la tasa de retorno que exigen los inversionistas —tanto accionistas como prestamistas— a cambio de asumir el riesgo inherente a la región.
Este artículo analiza por qué el costo del capital en América Latina es estructuralmente más alto que en otras regiones y cuáles son sus implicancias prácticas para el crecimiento, la inversión y la competitividad. Este costo se descompone en dos componentes principales: el costo del equity, que refleja las expectativas de los propietarios de las empresas, y el costo de la deuda, que incorpora los intereses y spreads exigidos por los acreedores. Ambos se integran en el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés), la métrica que las compañías utilizan para evaluar la viabilidad de sus iniciativas. En 2026, con un crecimiento regional proyectado en torno al 2.3-2.5%, según las estimaciones más recientes de la CEPAL, comprender el costo del capital resulta más crucial que nunca. La región enfrenta un entorno marcado por volatilidad política, presiones inflacionarias persistentes y una fuerte dependencia de commodities, factores que elevan sustancialmente el precio del financiamiento y limitan la capacidad de atraer inversión extranjera directa de calidad.
El principal responsable de este elevado costo es el premium de riesgo país (CRP), que captura la percepción de riesgo soberano. De acuerdo con los datos de Aswath Damodaran actualizados a enero de 2026, el CRP promedio para América Latina se sitúa alrededor del 3.5%, aunque con una dispersión significativa entre países. Este sobreprecio se suma al costo base de los mercados maduros, empujando el costo del equity —calculado mediante el modelo CAPM— a rangos entre 10% y 15% en la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, frente al 6-8% típico de economías desarrolladas. Tomemos ejemplos concretos para ilustrar esta heterogeneidad. En México, con un CRP de aproximadamente 1.5% gracias a su integración comercial con Norteamérica y una relativa estabilidad macroeconómica, una empresa representativa con beta 1.0 podría exhibir un costo del equity cercano al 9-10%. Combinado con una estructura de capital estándar (60% equity, 40% deuda) y un costo de deuda después de impuestos moderado, el WACC resultante ronda el 8.5%, nivel que facilita proyectos de manufactura avanzada, nearshoring y expansión exportadora. En el extremo opuesto, Argentina mantiene un CRP superior al 12%, reflejo de su historial de defaults, inflación crónica e incertidumbre política. Allí, el costo del equity supera fácilmente el 18-20%, y el WACC corporativo típico alcanza el 15-17%, lo que desalienta inversiones de largo plazo y confina a muchas empresas a financiamiento de corto plazo o autofinanciamiento limitado. Similar situación vive países con alto riesgo percibido, donde incluso proyectos de alta rentabilidad intrínseca se tornan inviables por el elevado hurdle rate.
Esta brecha no es casual: responde a la calidad institucional, la credibilidad de las políticas públicas y la exposición a shocks externos. Países como Chile (CRP 1.0%) y Perú (2.0%) logran WACC cercanos al 7-9%, atrayendo capital hacia minería sostenible, energías renovables y tecnología. Brasil, con CRP alrededor del 2.5%, muestra una mejora gradual gracias a reformas fiscales, aunque su dependencia de commodities sigue penalizando ciertos sectores. El costo del capital no es un mero ejercicio académico ni una cifra abstracta en una hoja de cálculo; es el puente —o, con frecuencia, la barrera— entre las ideas innovadoras y su materialización en riqueza económica y empleo. Cuando el WACC es elevado, las empresas posponen o cancelan proyectos que en mercados maduros se ejecutarían sin dudar: plantas industriales, infraestructura crítica, transición energética, digitalización masiva.
El resultado es un crecimiento potencial cercenado, menor competitividad global y perpetuación de brechas de desarrollo. Sin embargo, esta realidad no es inmutable. Reducir el costo del capital exige reformas estructurales profundas: consolidación fiscal sostenida, independencia real de los bancos centrales, protección efectiva de los derechos de propiedad, apertura comercial decidida y lucha frontal contra la corrupción. Cada punto porcentual que se recorta en el CRP se traduce en miles de millones de dólares adicionales de inversión posible, en mayor creación de empleo formal y en un círculo virtuoso de crecimiento inclusivo. Reducir el costo del capital no es un debate académico: es una condición necesaria para transformar ideas en inversión, empleo y crecimiento sostenible en América Latina.
Opinión
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