El Senado de los Estados Unidos aprobó una iniciativa para fortalecer la industria y reducir su dependencia estratégica de China. Se trata de una ley de política industrial, la más importante en décadas, con medidas por valor de 280.000 millones de dólares para frenar la competencia de Pekín y dotar de autonomía estratégica a la industria nacional. 

Esta constituye la intervención gubernamental más significativa en mucho tiempo y responde a la necesidad de desarrollar una ventaja tecnológica frente al rival asiático, por ejemplo, en la fabricación de microprocesadores, cuya escasez ha gripado repetidamente la producción en sectores como el automovilístico.

El amplio apoyo bipartidista —17 republicanos secundaron a la bancada demócrata— no solo permitirá subvencionar con 52.000 millones de dólares la producción local de microchips, sino también, sobre todo, diseñar una política estratégica a largo plazo para abordar la creciente rivalidad geopolítica con Pekín, con una guerra comercial aún no resuelta. 

El plan estratégico se centra en invertir fondos federales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), para impulsar la industria y la economía de la nación. También es congruente con el plan de la Casa Blanca de crear miles de puestos de trabajo en sectores punteros.