Según la Real Academia Española (RAE), inflación es “abundancia excesiva y elevación del nivel general de precios”. En términos simples, un aumento de dicho indicador representa una disminución en la capacidad de compra de las personas. La inflación se puede originar por cambios en la oferta o demanda agregada de un país, lo que a su vez trae como consecuencia cambio en los precios.

A raíz de la pandemia del COVID-19, muchas naciones impulsaron políticas de emisión monetaria. Prueba de ello, el volumen de dinero en Estados Unidos pasó de US$ 15.33 billones en 2019 a US$ 19.1 billones a finales de noviembre de 2020, lo que representa un aumento del 24%. El incremento de la base monetaria tiene efectos inflacionarios debido a que la demanda de productos crece más rápido que la oferta de bienes. Por otro lado, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha agudizado los problemas económicos mundiales, las duras restricciones impuestas a Rusia desembocaron en el encarecimiento de las materias primas. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento mundial se desacelerará de 6.0% en 2021 a 3.2% en 2022 y 2.7% en 2023. La descontrolada alza de la inflación representa una de las principales problemáticas, pues provoca distorsiones en el funcionamiento normal del sistema económico. Combatirla no es tarea fácil ya que no depende únicamente de factores internos de un país, sino que también influye el mercado internacional.

Los gobiernos que emplean política monetaria pueden tomar una serie de medidas para contrarrestar la inflación. Sin embargo, estas pueden ocasionar efectos secundarios que desaceleren aún más la economía de sus países.  Las políticas monetarias restrictivas son las más utilizadas por los gobiernos, debido a que se busca disminuir la cantidad de dinero en circulación, aumentando los tipos de interés para reducir de esta manera el consumo e inversión, esta entre otras medidas son comúnmente utilizadas como herramientas para combatir la inflación. 

El pasado 6 de octubre de 2022, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, decidió establecer un decreto que prohíbe toda subida de precios en su país, amenazando con arresto a todo el que se niegue a cumplir su mandato. Esta medida ya había sido implementada por Robert Mugabe, presidente de Zimbabue en 2007 y por el mandatario Venezolano Nicolás Maduro en 2013. Sin embargo, esta práctica no tuvo resultados positivos, Zimbabue no logró detener la inflación, llegando a triplicar los precios en lapsos de hasta un día, así mismo, Venezuela duplicó su inflación para 2014.  Estos casos, como el Edicto Diocleciano y otros intentos por combatir la inflación a través de decreto, han fracasado. La escasez de productos es inminente, dado que resulta insostenible el hecho de vender productos por debajo de su coste de producción o adquisición, por lo que los comerciantes deciden buscar mercados alternos. 

Establecer un decreto para prohibir la inflación y dejar que los productores y comerciantes asuman la totalidad de los costos deja a su paso un territorio con escasez de bienes y servicios, aun si la población cuenta con el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades, la falta en la oferta de productos que las satisfagan disminuye la calidad de vida de la población. Prohibir la inflación aún si el gobierno decide subsidiar a los productores para evitar el aumento en los precios, resulta ser una medida insostenible a largo plazo, dado que no se pueden controlar los efectos causados por factores externos como el encarecimiento de materias primas.