El Gobierno de México ha presentado un ambicioso plan de inversión público-privada por un monto de 5.6 billones de pesos (aproximadamente $323.41 mil millones), destinado a impulsar proyectos estratégicos de infraestructura entre 2026 y 2030. Este programa busca catalizar el desarrollo nacional mediante la colaboración con el capital privado bajo un esquema que prioriza el control estatal.
A diferencia del modelo tradicional de concesiones, esta nueva estructura se basa en la creación de empresas conjuntas (joint ventures) donde el Estado mantendrá el control mayoritario. Según Jorge Mendoza, titular de Banobras, el objetivo es garantizar la propiedad y supervisión pública de proyectos clave mientras se utiliza el capital privado para mitigar riesgos financieros. La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta coordinación, liderada por las secretarías de Hacienda, Economía y Energía, apunta a un crecimiento con justicia social y sostenibilidad ambiental.
El plan se concentra en ocho sectores estratégicos: energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. El Ministro de Hacienda, Edgar Amador, destacó que esta movilización masiva de recursos es fundamental para cubrir las brechas de infraestructura y servicios básicos, asegurando un desarrollo con equidad en todo el territorio mexicano.
En EXOR, analizamos este anuncio como un cambio de paradigma en la relación Estado-Empresa en México. La escala de la inversión proyectada ofrece oportunidades sin precedentes en sectores de infraestructura y energía, aunque el esquema de control mayoritario estatal requerirá de estructuras de financiamiento estructurado sofisticadas y una gestión de riesgos rigurosa para atraer y retener el interés del inversionista institucional internacional.
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