Redacción EXOR

El Gobierno de Panamá aseguró a las principales agencias calificadoras de riesgo su compromiso de cumplir con el límite de déficit fiscal del 3% establecido para el año 2023, según lo dicta la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esta garantía llega en un momento crucial, cuando analistas y sectores económicos han expresado preocupación por el riesgo de que Panamá pierda su grado de inversión. El viceministro de Economía, Carlos González Miranda, afirmó: “Es lo que estamos garantizándole a las calificadoras de riesgos, que sí vamos a tener situaciones favorables que nos van a permitir cerrar con ese 3% de déficit fiscal en el 2023”.

Mirando hacia el futuro, el viceministro añadió que para el año 2024, el déficit proyectado en el presupuesto no excederá el 2%, en línea con la política fiscal del país.

Esta declaración se produce tras las recientes acciones de las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s (S&P). En octubre y noviembre del año pasado, respectivamente, Moody’s redujo la calificación de la deuda de Panamá de Baa2 a Baa3, cambiando además su perspectiva de negativa a estable. Esto se debió a lo que la agencia consideró una falta de "respuesta efectiva" por parte de las autoridades panameñas para enfrentar los desafíos fiscales estructurales, que han ido en aumento.

Por otro lado, S&P modificó en noviembre su perspectiva sobre Panamá de "estable" a "negativa". Esta decisión se basó en el "riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a futuras inversiones privadas", derivado de una crisis relacionada con un controvertido contrato minero. Este contrato fue declarado inconstitucional por segunda vez, al igual que en 2017, por el Tribunal Supremo del país.