Redacción EXOR

En un reciente análisis del panorama financiero de Panamá, Fitch Ratings ha reducido la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo del país a 'BB+' desde 'BBB-', situándola por debajo del umbral de inversión. La agencia asignó una perspectiva estable a la calificación, es decir, no se espera que cambie en el corto plazo.

Esta decisión refleja los crecientes desafíos fiscales y de gobernanza en Panamá, exacerbados por el cierre de la mina de cobre de Minera Panamá, el proyecto minero más grande del país. Desde el inicio de la pandemia en 2019, Panamá ha experimentado uno de los mayores incrementos en la relación deuda pública/PIB y en la proporción de intereses/ingresos entre sus pares, lo que ha reducido su margen para implementar políticas económicas contracíclicas en un entorno ya constreñido por la dolarización y ha aumentado su vulnerabilidad debido a la dependencia del financiamiento externo.

La incertidumbre rodea el futuro fiscal y político del país, especialmente con las próximas elecciones de mayo de 2024. Aunque Fitch anticipa que los probables ganadores de las elecciones harán esfuerzos para enfrentar estos desafíos fiscales, factores como una esperada desaceleración del crecimiento, tensiones sociales y la fragmentación de partidos políticos podrían limitar la capacidad del gobierno para tomar medidas decisivas. La reconstrucción del espacio fiscal y la restauración de la credibilidad son procesos que, según la agencia, requerirán tiempo.

A pesar de estos desafíos, Fitch destaca las sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Panamá, apoyadas en las actividades logísticas y el estratégico Canal de Panamá. La calificación también se ve respaldada por un alto PIB per cápita, baja inflación y estabilidad macrofinanciera, atributos anclados en la política de dolarización del país.

El cierre de la mina de cobre en noviembre de 2023, después de que la Corte Suprema panameña anulara un contrato con First Quantum Minerals, ha planteado preocupaciones significativas sobre el impacto económico en el corto plazo, afectando tanto el crecimiento como los ingresos externos del país. Además, el gobierno se enfrenta a la pérdida de ingresos por regalías y potenciales costos legales asociados con el arbitraje.

Con un déficit del sector público no financiero que se situó en el 3% del PIB en 2023, Panamá enfrenta presiones fiscales continuas. El presupuesto de 2024 proyecta mayores gastos en educación y salarios, lo que resultaría en un déficit estimado del 5.6%, desafiando aún más las finanzas del país.