El gobierno de EE. UU. ha regresado a la actividad tras el cierre administrativo más prolongado en la historia del país, que se extendió por 43 días. Este shutdown tuvo un impacto significativo en la economía, interrumpiendo servicios clave como el control de tráfico aéreo, la asistencia alimentaria (subsidios SNAP) para 42 millones de estadounidenses y dejando a más de un millón de trabajadores federales sin sueldo.
A pesar de la reapertura, las profundas divisiones políticas que la causaron permanecen sin resolverse. El acuerdo de financiamiento actual es temporal, con fondos asegurados solo hasta el 30 de enero, lo que eleva la posibilidad de una nueva crisis presupuestaria a principios del próximo año.
El cierre expuso las tensiones tanto entre los partidos como dentro de ellos. Los demócratas forzaron la expiración del financiamiento, buscando llamar la atención sobre el vencimiento inminente de los subsidios de salud para unos 24 millones de ciudadanos. No obstante, solo lograron la promesa de una votación en el Senado sin garantías de aprobación. Por su parte, los republicanos se encontraron defendiendo la urgencia de mantener el gobierno operativo, una postura históricamente más asociada a los demócratas.
Un elemento notablemente ausente en el debate fue la creciente deuda nacional de $38 billones, que continúa en una trayectoria de expansión.
En términos económicos, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que el cierre retrasó cerca de $50 mil millones en gasto y redujo el PIB de EE. UU. en 1.5 puntos porcentuales. Aunque la mayoría de la actividad se recuperará, se estima que hasta $14 mil millones en actividad económica se perderán de forma permanente.
En EXOR, monitoreamos de cerca estas dinámicas políticas y fiscales. La inestabilidad en Washington afecta directamente el sentimiento del mercado, la confianza del consumidor y las decisiones de la Reserva Federal, elementos cruciales para la estabilidad de los flujos de capital e inversión estructurada en América Latina.
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