El gobierno de Colombia presentó al Congreso un nuevo proyecto de reforma fiscal que busca recaudar $6,540 millones en 2026. La medida responde al deterioro de las finanzas públicas tras la suspensión de la regla fiscal y un déficit proyectado de 7.1% del PIB para el próximo año. El plan propone nuevos impuestos y ajustes para estabilizar las cuentas fiscales hasta 2030.

Entre los cambios clave se incluyen un impuesto del 1% a la exportación de crudo y carbón, un aumento del IVA a derivados del petróleo, gravámenes sobre dividendos, rentas altas, tabaco, alcohol y apuestas en línea, así como la eliminación de exenciones a iglesias y una sobretasa al sector financiero. El gobierno también espera mejoras en la eficiencia de la DIAN que le permitan recaudar $870 millones adicionales.

Además del deterioro fiscal, Colombia enfrenta una desaceleración económica que limita su margen de maniobra. Con una proyección de crecimiento por debajo del 1.5% para 2025 y tasas de interés aún elevadas, la presión sobre el gasto social y las inversiones públicas se intensifica. En ese contexto, la reforma fiscal busca no solo equilibrar las cuentas, sino también evitar una mayor dependencia del endeudamiento.

La propuesta llega en un momento políticamente complejo para la administración Petro, que enfrenta un Congreso dividido y escasa popularidad. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha señalado que el ajuste requerido es mucho mayor, estimado en $11,200 millones, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo.

En EXOR monitoreamos cómo este tipo de iniciativas fiscales impactan el perfil de riesgo soberano y las condiciones de inversión en América Latina. La viabilidad técnica y política de estas reformas será clave para el futuro fiscal de Colombia.