Redacción EXOR 

La reciente amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas representa un riesgo significativo para la economía de China, que se encuentra en una posición más vulnerable que en su primer mandato. En esta ocasión, el nivel arancelario sería considerablemente más alto que el rango de entre 7.5% y 25% aplicado en 2018. 

Durante aquel periodo, el mercado inmobiliario chino representaba cerca de una cuarta parte de la actividad económica y sostenía las finanzas locales, gracias a las ventas de terrenos para proyectos residenciales. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2024, las ventas inmobiliarias, las inversiones y el financiamiento para desarrolladores han disminuido tras dos años de caídas continuas. 

De acuerdo con ANZ, se espera que China acumule 2.9 mil millones de metros cuadrados de viviendas sin vender para finales de este año, incluyendo tanto propiedades terminadas como en construcción. Este excedente de inventario limita la capacidad del sector inmobiliario para mantener su rol en el crecimiento económico. 

Además, el alto nivel de endeudamiento en China agrava la situación. El Fondo Monetario Internacional calcula que la deuda del sector gubernamental alcanzó los 147 billones de yuanes (US$20.7 billones) al cierre de 2023. Al considerar también la deuda de hogares y empresas, el total supera los 350 billones de yuanes, aproximadamente tres veces el tamaño de la economía china, según el Banco de Pagos Internacionales. 

Factores como los bajos salarios y pensiones, una alta tasa de desempleo juvenil y una red de seguridad social limitada sitúan el consumo de los hogares en China por debajo del 40% del PIB, alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo del promedio global. Para incrementar este gasto, se requeriría un mayor endeudamiento o reformas en la distribución de ingresos que prioricen a los hogares sobre el gobierno y las empresas. 

Entre las medidas posibles, se barajan cambios en la tributación para empresas y familias, en el gasto público, y mejoras en las pensiones, salud y beneficios por desempleo. También se considera la eliminación del sistema de registro de residencia, que ha contribuido a la desigualdad económica entre zonas rurales y urbanas.