Redacción EXOR

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que la violencia y el crimen en América Latina y el Caribe representan aproximadamente el 3.5% del producto interno bruto (PIB) de la región, reduciendo fondos que podrían destinarse a educación y asistencia a sectores vulnerables.

El estudio muestra que los costos asociados al crimen en la región representan casi el 80% de los presupuestos públicos de educación, el doble de lo asignado a asistencia social y 12 veces el presupuesto de investigación y desarrollo. El BID calcula el costo directo del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano, gastos de seguridad de empresas y el gasto público en prevención del delito y justicia penal. En 2022, el gasto en seguridad de empresas privadas constituyó el 47% del costo total, mientras que el gasto estatal en prevención representó un 31% y la pérdida de capital humano un 22%.

En comparación con países europeos como Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Países Bajos y Suecia, los costos del crimen en ALC son un 42% mayores. Según el BID, si la región lograra reducir estos costos a niveles comparables con los europeos, podría liberar hasta un 1% del PIB para inversión en programas sociales.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que América Latina, con menos del 10% de la población mundial, concentra un tercio de los homicidios globales, impulsados principalmente por el crimen organizado. En México, los costos del crimen son cuatro veces mayores para las empresas que reportan actividad de pandillas en sus áreas de operación, según el FMI.

El FMI también indica que el gasto en orden público y seguridad en la región representa, en promedio, el 1.9% del PIB y más del 7% del gasto total. Sin embargo, el organismo destaca que la eficiencia en el gasto es un factor crítico, ya que la capacidad judicial para procesar delitos es limitada.

Como respuesta, el FMI sugiere la creación de una “plataforma regional de conocimiento” en ALC, que facilite la recopilación y análisis de datos, además de la difusión de mejores prácticas en políticas de seguridad y economía.